Fiscalización y sociedad civil

Publicado por Grupo Razón el 28 abril 2010 · 1 comentario 

Por Guillermo Marin Vargas

En los regímenes democráticos modernos existen diferentes actores responsables de la fiscalización de las acciones de gobierno. Los perdedores de la competencia democrática transformados en oposición tienen el deber de observar y fiscalizar las líneas de acción de la elite que asume la conducción del Estado. Sin embargo tras el avance de los medios de comunicación y la emergencia de nuevos movimientos ciudadanos, esta función se diversifica y es asumida por nuevos actores externos al sistema de partidos.

En el caso chileno tras la derrota de la concertación de partidos por la democracia –elite que se mantuvo 20 años en el poder- una nueva coalición de partidos asume la conducción del gobierno. Esta nueva elite comienza su gestión con una catástrofe natural de gran envergadura. El terremoto y maremoto modifica las prioridades planificadas en el programa gubernamental. Las políticas públicas deben dar un giro hacia la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas. Estas nuevas líneas de acción cuentan con un amplio apoyo político-social por la urgente necesidad de solucionar problemas como vivienda, educación y suministro alimentario.

Sin embargo la puesta en marcha de la maquinaria estatal con esta nueva conducción gubernamental no ha estado exenta de polémicas y discusiones ético-políticas. Los conflictos de interés entre los personeros de gobierno han marcado la agenda pública en los medios de comunicación masiva. El alza temporal de impuestos como forma de financiar la reconstrucción del país ha provocado conflictos al interior de la coalición por el cambio. La sorpresiva alza de las tarifas en la locomoción colectiva ha provocado tibias reacciones por parte de las federaciones de estudiantes y los movimientos estudiantiles de base. No obstante estos conflictos –entre muchos otros- no han provocado una reacción coordinada, sistemática y  efectiva de los partidos de oposición. Al parecer la concertación esta –y estará por un tiempo- en una fase de rearticulación y reinserción en el sistema político, ahora desde la oposición.

Empero la fiscalización debe surgir -por el bien de nuestra democracia- desde algún actor al interior del sistema de partidos o desde fuera de este. Con una coalición de oposición en proceso de rearticulación, es la ciudadanía y los movimientos sociales y gremiales los responsables de hacer efectiva la fiscalización del accionar de gobierno. Sin embargo existe una gran distancia entre la responsabilidad sugerida y la responsabilidad adquirida por un actor.

Los ciudadanos de a pie, la galla, o simplemente la sociedad civil tiene, bajo este escenario, la oportunidad de ser protagonista del debate político. Las juntas de vecinos, los centros de padres y apoderados, los sindicatos y todas las organizaciones sociales pueden hoy ser la balanza entre las acciones de gobierno y los intereses ciudadanos. Pasará un tiempo importante para la rearticulación de la concertación.  ¿Serán estos nuevos actores sociales protagonistas en la fiscalización de gobierno?  O ¿simplemente bajo argumentos cargados de emocionalidad manipuladora post-catástrofe y con la escusa de la gestión y la eficiencia esta nueva elite tendrá el camino libre para planificar e implementar políticas como se le plazca? Esperemos que no.

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